Vulneración de derechos en control de identidad. 
Reflexiones a partir de una sentencia de la corte suprema 

 
Publicada en Diario Chañarcillo el día 1 de octubre. 
Por el Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares. 

 
 
 
Justo cuando nos encontramos en medio de un amplio debate nacional por la 
inminente reforma al control de identidad del Código Procesal Penal y la incorporación 
de una nueva figura denominada control de identidad preventivo, la Corte Suprema en 
un reciente y contundente fallo, en causa Rol N° 10.772-15, acogió un recurso de 
nulidad presentado por la Defensoría Penal Pública de Atacama, ordenando la nulidad 
de la sentencia definitiva dictada en un juicio oral realizado en Copiapó, efectuar un 
nuevo juicio por un tribunal inhabilitado, además de excluir prueba por vulneración de 
derechos, en el contexto de un juicio originado en uno más de los frecuentes controles 
policiales que se efectúan a los pasajeros en los buses que circulan por nuestra 
Región, lo que me otorga una oportunidad propicia para destacar aspectos de esta 
sentencia que son de gran relevancia en un tema que ha suscitado una serie de 
planteamientos divergentes y que en definitiva nos enfrenta a una de las tensiones 
más complejas de las sociedades democráticas del siglo XXI: la maximización de la 
seguridad pública versus el respeto por los derechos fundamentales de las personas.  
 
La Corte Suprema conociendo del recurso de nulidad, que se presentó a raíz de un 
control policial de identidad efectuado a una persona en la ciudad de Chañaral 
mientras viajaba en bus desde Calama a Santiago, determinó que el registro del 
equipaje que se efectuó por Carabineros sin la orden de un juez y sin la existencia de 
indicios vinculados a la comisión de un delito, excedía las atribuciones establecidas en 
la ley y por lo tanto resultaba ilegal y contrario a la Constitución. 
 
La relevancia de esta decisión judicial reside principalmente, en que producto del 
control y revisión del equipaje que se efectuó a la persona en el bus se inició una 
causa por tráfico de drogas que terminó con el ciudadano condenado a una pena de 6 
años de privación de libertad.  
 
En la sentencia, la Corte Suprema señaló que la circunstancia del “peso anormal” de la 
maleta de la persona controlada (un poco más de seis kilos), que fue justamente el 
indicio que tuvo en vista la policía para actuar sobre la base de la apreciación del 
auxiliar del bus, quien dio la alerta, no permite inferir que esta situación sea anormal y 
menos que corresponda a droga y por lo tanto dar inicio a la persecución penal. El 
porqué de lo anterior, la Corte lo señala expresamente: “de aceptar lo planteado, 
implicaría que meras coincidencias accidentales y de escasa relevancia como la 
forma, peso y solidez de los objetos que se portan, trasladan o envían, con las que 
presentan los contenedores o bultos usados para el traslado de cierto tipo de droga, 
habilitarían a los agentes estatales para limitar transitoriamente la libertad ambulatoria 
de las personas y afectar su intimidad y privacidad mediante el registro de sus 
vestimentas, equipaje y vehículo”.  Es decir, no todo es válido en materia de seguir 
penalmente a alguien. 
 
La Corte Suprema discurre que la información que proporcionó en este caso el auxiliar 
del bus de pasajeros a los funcionarios policiales solo los habilitaba para efectuar otro 
tipo de diligencias de carácter preventivo y en caso de haberse establecido la 
necesidad de registrar, de todas formas, el equipaje de la persona controlada, debían 
poner el caso en conocimiento del fiscal de turno para que si estimaba necesario 
proceder al registro, requiriera la respectiva orden del juez competente. 

 

 

 
En consecuencia, como nada de esto se hizo y se procedió a la apertura de la maleta 
del pasajero, este procedimiento se tornó en ilegal por cuanto vulneró la garantía 
fundamental a una investigación racional y justa que establece el artículo 19 N° 3, de 
la Constitución.   
 
Es precisamente, la racionalidad y el actuar conforme a los parámetros normativos 
protectores de las garantías del individuo lo que la máxima Corte del país cautela en 
este caso y consecuentemente enmendó el actuar contrario a Derecho de los agentes 
policiales y que los jueces de fondo consideraron para la condena, por la vía de la 
nulidad de la sentencia y del juicio oral condenatorio, extrayendo además la prueba 
obtenida ilegalmente en dicho control. 
 
Como muchas veces he señalado en este mismo medio, el procedimiento policial del 
control de identidad debe sujetarse estrictamente a las normas que lo rigen y 
someterse a los límites establecidos en la ley y la Constitución, para evitar caer en el 
mero arbitrio, incompatible con un Estado de Derecho democrático.  
 
Esta sentencia del máximo tribunal del país es una buena señal en una materia que 
requiere, de suyo, un riguroso y permanente examen del actuar de los agentes del 
Estado, en consonancia con la protección efectiva de los derechos esenciales y una 
adecuada racionalización del actuar policial, en un procedimiento que se efectúa 
masivamente (alrededor de dos millones al año, según fuentes de la misma policía), y 
que afecta concretamente la libertad ambulatoria de las personas.   
 
 

 
 

RAÚL PALMA OLIVARES 
DEFENSOR REGIONAL DE ATACAMA